Este viernes 8 de febrero la comunidad del software libre estará atenta a la votación en el parlamento asturiano

Jueves, 07/02/2019, 22:52 h.

Este viernes 8 de febrero de 2019 la comunidad del software libre estará atenta a la votación en el parlamento asturiano. Se debatirá y votará una proposición parlamentaria que insta a promover activamente la adopción de software libre y formatos libres en toda la administración pública asturiana, sus organismos autónomos, entes públicos y empresas públicas dependientes. Las ventajas del software libre, que van desde la seguridad (permitir realizar auditorías de seguridad, algo imposible con el software no libre) hasta el económico (impiden el fenómeno del "cliente cautivo" o "consumidor cautivo" que lastra el buen funcionamiento de la administración y la eficiencia del gasto, pues el software libre evita la costosa dependencia obligada respecto a una única empresa que concentra un gran poder en situación de monopolio), son razones fundamentales para el apoyo de la propuesta parlamentaria y su materialización práctica. Debido a ello, esperamos que la propuesta salga adelante y cuente con el apoyo mayoritario de los grupos políticos del parlamento asturiano.

El software libre es una cuestión transversal y de interés general. Entre sus múltiples ventajas, no queremos dejar de mencionar sus ventajas económicas: Dado que el software libre se define por impedir que el vendedor bloquee el código y convierta a los clientes en "clientes cautivos" encadenándolos a una única empresa monopolio y licencias que han de ser renovadas de por vida (lo cual son estrategias de juego sucio que van contra la libre competencia), el software libre promociona el empleo y las empresas locales y regionales puesto que a cualquier concurso público de software libre puede acceder en igualdad de condiciones que las empresas de fuera (algo crucial dado el potencial de Asturias y encontrarnos en un momento en el que se demuestra que es necesario buscar desarrollo económico más allá del carbón y las metalúrgicas). Ninguna empresa es excluida por incluir la condición de ser software libre en las licitaciones y concursos públicos, y permite avanzar de una economía basada en la compra como fin último a una economía basado en servicios que satisfacen a empresas y administraciones, puesto que el software libre permite que si la empresa ganadora del concurso o licitación no presta un buen servicio cualquier otra empresa pueda tomar el relevo sin ninguna dificultad, lo cual no pasa con el software no libre actualmente usado en el que tras la compra personas y administraciones pública quedan encadenados de por vida como "clientes cautivos" a la empresa que en régimen de monopolio vende el software. Empresas desde la internacional Red Hat hasta la gallega Igalia pasando por Bitergia son ejemplos del gran poder del software libre en el mundo empresarial, además la fiabilidad y robustez del software libre se demuestra por su predominio en sectores donde los aspectos técnicos predominan: desde el acelerador de partículas europeo hasta la propia infraestructura de Internet.

Pica Pica HackLab ( www.picahack.org ) como promotora de la propuesta parlamentaria, que se enmarca dentro de la campaña "¡Dinero Público, Código público!" de la FSFE ( publiccode.eu/es/ ) de la cual Pica Pica HackLab es representante oficial en España, atenderemos presencialmente a los medios de comunicación que lo deseen junto a la entrada de la Junta General del Principado de Asturias, en la calle Fruela, de 10:45 a 11:10 h.

El movimiento de la informática libre promueve que los programas o aplicaciones informáticas (el software) puedan ser usados, modificados y compartidos por todas las personas por razones de interés público general, denominándose software libre a aquel cuya licencia asegura esto y software privativo al que no. Subrayar que se trata del mismo principio de interés general de las instituciones estatales y administraciones públicas, por tanto se persigue el mismo objetivo mutuamente compartido y en consecuencia el estado y las administraciones públicas deberían apoyar firmemente el software libre.

El software libre, cuya historia se remonta al propio comienzo de la informática personal hace 35 años, ofrece actualmente alternativas maduras y profesionales en la gran mayoría de los ámbitos informáticos, siendo la elección de preferencia en muchas aplicaciones en las cuales la estabilidad y la seguridad son críticos. Frente a las alternativas de software privativo, el software libre evita las discriminaciones tecnológicas por motivos políticos y/o económicos, permite la colaboración entre administraciones mediante el intercambio de mejoras de software mejorando la eficiencia de los recursos públicos al mismo tiempo que permiten a toda la población disfrutar de los desarrollos de software que resultan del gasto del dinero público, garantiza la accesibilidad a la información al usar formatos libres y no formatos privativos, permite realizar auditorías de seguridad que permiten inspeccionar el propio código para detectar y corregir problemas de seguridad (algo inviable en el software privativo), permite el ahorro de las cuantiosas partidas de dinero público (millones de euros anuales) destinadas actualmente al pago de licencias de software privativo liberando ese dinero para otros conceptos de interés general como seguridad social y educación, y evita la costosa dependencia obligada respecto a una única empresa que concentra un gran poder en situación de monopolio (fenómeno del "cliente cautivo" o "consumidor cautivo") y en su lugar fomenta la creación de empleo local y desarrollo de un sector informático regional propio e independiente de empresas extranjeras.

Debido a ello, un centenar de organizaciones de referencia en informática libre, incluido el colectivo asturiano Pica Pica HackLab, patrocinan la campaña internacional "¿Dinero público? ¡Código Público!" ( http://publiccode.eu/es/ ) auspiciada por el Proyecto GNU y la Fundación del Software Libre, que busca lograr un cambio legislativo que establezca que todo el software desarrollado para el sector público y/o costeado con recursos públicos deba estar disponible públicamente bajo una licencia de software libre.